Los acuerdos realizados con las autoridades judiciales, que en cierta forma pareciera ser la única via para poner fin a los amotinamientos, genera una situación difícil para las víctimas, en especial en los casos de violencia de género o de violación.
Los focos de amotinamiento en las cárceles de Villa Devoto y Mendoza en la unidad carcelaria Bolugne Sur Mer han dado pie a episodios que corren el riego de replicarse en otras unidades y llevó a tener que negociar con los presos. Estas negociaciones han tenido un amplio impacto al permitir las excarcelaciones o prisiones domiciliarias. Las mismas se acordaron siguiendo un fallo de la Casación Federal -- para quienes tienen condenas menores a tres años de prisión, las mujeres con niños pequeños, las embarazadas, los que fueron condenados siendo menores, los presos que ya tenían salidas transitorias y los extranjeros que ya hayan cumplido la mitad de la condena y estén en condiciones de ser expulsados del país. Pero había un punto ríspido, que se incluyó en el acta final, pero que difícilmente se concrete: conmutaciones de penas o "compensaciones por el mal estado del sistema carcelario”
Estos acuerdos realizados con las autoridades judiciales, que en cierta forma pareciera ser la única via para poner fin a los amotinamientos, genera una situación difícil para las víctimas, en especial en los casos de violencia de género o de violación.
Hace unos días la Juez del Juzgado de Ejecución Nº 1 de Quilmes en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, manifestó su preocupación por el hecho de que alguien con condena firme por el delito de lesiones agravadas por violencia de género contra su ex cónyuge, pueda por disposición del tribunal de Alzada, obtener aún cuando haya sido rechaza la acción, la libertad condicional sin haberse recabado ningún tipo de informes, sin siquiera constatar el domicilio y sin la intervención del Procurador Fiscal.
Estas decisiones que se tomaron en contexto de negociación deberían contemplar lo previsto por la Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos – Ley 27372. La Ley establece en su art 5 k) el derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente; y en el inciso i) prevé la notificación a la víctima de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada. En estos casos los jueces no pueden proceder a las excarcelaciones sin notificar a las víctimas del delito.
El carácter inédito del contexto de la pandemia por el COVID19 ponen en cuestión situaciones que en lo cotidiano no son atendidas, como es el hecho real del hacinamiento en las cárceles, La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, el cargo que tiene bajo su responsabilidad la situación carcelaria, está vacante. No es un dato menor, dada la doble emergencia sanitaria y penitenciaria que generó la pandemia de COVID-19 y el impacto que puede tener en un sistema carcelario que desde antes de esta crisis ya arrastraba problemas de sobrepoblación, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias.
La vacancia es producto de una pugna sin resolver dentro del Gobierno. Mientras, la tarea a contrareloj para cuidar la salud de los presos recayó sobre el Secretario de Justicia Juan Martin Mena.
Con las cárceles pasa lo mismo que con muchas áreas del Estado. El Gobierno había heredado una situación compleja, la pandemia de coronavirus la profundizó. El Gobierno llevaba poco más de 100 días de gestión cuando llegó a territorio argentino el coronavirus y lleva los últimos 40 dias enfrentando una pandemia de un virus desconocido y que puso en vilo a toda la humanidad, con consecuencias sanitarias y económicas de las que aún no hay magnitud. Pero, en medio de esta situación por demás compleja, la cuestión carcelaria no es menor, y si bien hay funcionarios a cargo del tema la vacante no deja de ser real. Las cárceles son una olla a presión y los motines de los últimos días son solo el síntoma.
El presidente ha dicho que la concentración humana pone en riesgo a la población carcelaria y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países integrantes del Pacto de San José de Costa Rica -entre los que se encuentra Argentina- a prever las condiciones sanitarias ante el avance de la pandemia por el Covid-19. De hecho, Fernández puntualizó que el organismo internacional "recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control".
Sin embargo, es necesario también contemplar cómo afecta esto a las víctimas, un dilema que aparentemente pareciera no tener una vía de resolución, en dónde el “riesgo a la salud”, entra en colisión con la seguridad física y jurídica de las víctimas.
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