La vacancia en el cargo de la Subsecretaría de Asuntos penitenciarios hace aún más completa la situación en las unidades penitenciaria ante le COVID19. En este momento, el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la situación es peor: la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento.
La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, el cargo que tiene bajo su responsabilidad la situación carcelaria, está vacante. No es un dato menor, dada la doble emergencia sanitaria y penitenciaria que generó la pandemia de COVID-19 y el impacto que puede tener en un sistema carcelario que desde antes de esta crisis ya arrastraba problemas de sobrepoblación, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias.
La vacancia es producto de una pugna sin resolver dentro del Gobierno. La vacancia es producto de una pugna sin resolver dentro del Gobierno. Mientras, la tarea a contrareloj para cuidar la salud de los presos recayó sobre el Secretario de Justicia Juan Martin Mena.
El Destape publicó hace varios días que no se trata de liberar presos a discreción, sino de que la autoridades judiciales verifiquen y evalúen si todos los presos tienen que estar en las cárceles en función de los antecedentes de riesgo sanitario, si ya les quedaba poco de condena, si ya se cumplió el plazo máximo de su prisión preventiva o si se trata de delitos leves o situaciones que puedan resolverse con prisión domiciliaria. Bajo este esquema, ya lograron enviar a sus domicilios cerca de 600 privados de libertad en cárceles federales. El esquema se apoyo también en la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que, informó Franco Mizarhi, dictó“una serie de reglas y recomendaciones para fomentar el ‘despoblamiento’ de las cárceles, que se encuentran en una grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, un cóctel que puede ser fatal en plena pandemia del coronavirus. El máximo tribunal penal del país sugirió medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, para afrontar la delicada situación actual”.
La vacancia de este cargo se da en una situación compleja. El CELS da los siguientes datos sobre la situación carcelaria en el contexto de la pandemia de COVID-19: “En este momento, el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la situación es peor: la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento. A la sobrepoblación en las unidades penitenciarias debe sumarse el desborde en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, donde más de 4 mil personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Las recomendaciones de los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”.
El Destape publicó en reiteradas oportunidades sobre el impacto de la judicialización de la pobreza, mecanizada a través de la Ley de Flagrancia. Esa ley se aprobó en 2016, dentro del paquete de leyes que incluían, por ejemplo, la figura del arrepentido. Paquete que fue votado incluso por amplios sectores de la entonces oposición, que no supieron poner freno a las recetas Made in USA que se usaron para criminalizar la pobreza (flagrancia) y perseguir opositores políticos (arrepentidos). Si las leyes son la cristalización de de las relaciones de fuerza, en el caso de flagrancia es claro. Los pobres, vulnerables, los nadies, salieron perdiendo. Hoy, en emergencia sanitaria por el COVID-19 y emergencia penitenciaria que viene de arrastre esto impacta aún más. Y el nombre del funcionario para hacerse cargo del tema sigue vacante.
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